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invitada

Edición 6 | Columna Invitada | Agosto 2021

 

Luisa 

Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito

Directora de Gerontología/INAPAM

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores


Cuidados de personas adultas mayores con algún grado de dependencia

El envejecimiento poblacional es uno de los retos más importantes que enfrentan la mayoría de los países. No hay duda de que las personas mayores representan un tema cada vez más visible en la agenda de las políticas públicas, sobre todo las de desarrollo social y en el ámbito de los derechos humanos, lo que significa un gran desafío.

Una de las situaciones que viven muchas personas adultas mayores como consecuencia del incremento de la esperanza de vida es la dependencia, condición que se ha convertido en un nuevo riesgo social, y los cuidados, en un derecho.

La dependencia suele estar relacionada con la edad, con una enfermedad o una discapacidad. Una persona adulta mayor se considera dependiente cuando se ve reducida su capacidad para realizar las diferentes actividades de la vida diaria: bañarse, vestirse, usar el inodoro, movilizarse y alimentarse.

Pero, además, están aquellas actividades que son las que las conectan con el medio que le rodea, que también pueden verse limitadas como: usar un transporte, hacer sus compras, usar el teléfono, controlar sus medicamentos y realizar las tareas domésticas, entre otras y cabe aclarar que estas últimas permiten a la persona vivir de forma independiente y autónoma, integrada en su entorno habitual y cumpliendo con un rol social.

Si bien una parte importante de las personas adultas mayores puede tener autonomía funcional, los estudios epidemiológicos han demostrado que, si hubiera que definir una edad de corte, a partir de los 75 años la presencia de fragilidad tiene una clara relación con la edad cronológica.

Desde ese momento las enfermedades crónicas y degenerativas, sumadas a la predisposición genética, determinantes sociales como: los estilos de vida inadecuados, las condiciones socioeconómicas precarias y ambientales nocivas, hacen que aumente el riesgo de que el estado de salud funcional de la persona mayor transite desde la independencia a la dependencia; requiriendo de los cuidados de una tercera persona, que por lo general es familiar y mujer.

Como sabemos, el cuidado es la acción social dirigida a garantizar la supervivencia social y orgánica de las personas que carecen o han perdido la independencia y/o autonomía personal y que necesitan ayuda de otros para realizar los actos esenciales de la vida diaria[1]

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2009, 25.3% de las personas adultas mayores, 27.8% de las mujeres y 22.5% de los hombres necesitaron que alguna persona de su hogar le brindará cuidados o apoyo.

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Fuente: Inmujeres con base en INEGI-Inmujeres. ENUT 2009. Base de datos

La necesidad de una persona de ser cuidada, sin importar la edad, ha existido siempre, su novedad y urgencia actual surge principalmente del contexto en el que se desarrolla, caracterizado por la transformación de los roles de las mujeres, la transición demográfica y los cambios en los modelos de familia, expresados en un declive del hombre como único proveedor y el crecimiento de las llamadas parejas de doble ingreso.

La construcción de una política pública de cuidados es más importante y urgente que nunca y la obligación del Estado es brindar un acceso oportuno y de calidad a todas aquellas personas mayores que necesitan de la ayuda de otro para mantener su autonomía y dignidad.

Cumplir con esa obligación es una necesidad perentoria, y además una demanda ética, máxime cuando el cuidado ha sido reconocido como un derecho humano en la región, mediante la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada el 15 de junio de 2015 por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Para brindar cuidado se necesitan conocimientos, experiencia y formación; los costos físicos y emocionales para la persona cuidadora no capacitada son altos, generalmente mujeres y familiares. Cuando son formales su salario es muy reducido, las condiciones de su empleo y su cobertura social son inexistentes o insuficientes, todo ello impacta negativamente en la calidad del cuidado que brinda, lo que genera insatisfacción tanto en quien cuida como en quien recibe el cuidado[2].

Para el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como rector de la política pública nacional, su prioridad es garantizar el derecho al cuidado, que éste se brinde con calidad y con perspectiva gerontológica.

Referencias

[1] Méndez, E. La formación en el marco de la creación de un sistema nacional de cuidados, una experiencia de construcción. Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Guatemala, agosto 2015.

[1] Huenchuan, Sandra y Rosa Icela Rodríguez (2015). Necesidades de cuidado de las personas mayores en la Ciudad de México. Diagnóstico y lineamientos de política. ONU-CEPAL-CDMX. p. 7.

Bibliografía:

  • Huenchuan, Sandra y Roqué, Mónica (2009) Envejecimiento y sistemas de cuidados: ¿oportunidad o crisis?, Naciones Unidas-CEPAL-UNFPA.
  • Huenchuan, Sandra y Rosa Icela Rodríguez (2015). Necesidades de cuidado de las personas mayores en la Ciudad de México. Diagnóstico y lineamientos de política. ONU-CEPAL-CDMX. p. 7.
  • Méndez, E. La formación en el marco de la creación de un sistema nacional de cuidados, una experiencia de construcción. Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Guatemala, agosto 2015.

 

María del Rocío
García Pérez

Titular del SNDIF

Retribuir años de esfuerzo de las personas adultas mayores

OPINIÓN