Rehabilitación e inclusión social
Por: Esthela Damián Peralta
Directora General del Sistema DIF Ciudad de México
Edición 4 | En el País | Febrero 2021
El DIF de la Ciudad de México trabaja en dar cumplimiento al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual hace referencia al derecho a vivir de forma independiente y a la inclusión comunitaria, trabajo que se realiza en acompañamiento con la “Fundación Inclúyeme”, logrando la rehabilitación, la desinstitucionalización y la inclusión social de varias personas con discapacidad y sin apoyo familiar.
Los aspectos a considerar para la rehabilitación e inclusión social de las personas con discapacidad se atienden principalmente desde dicha Convención, que México reconoce en su Carta Magna a partir de la reforma constitucional del 11 de junio de 2011.
“Los Estados Partes en la Presente convención; reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en comunidad, con opciones iguales a las demás”.1
Este artículo reconoce la capacidad de las personas con discapacidad para la toma de decisiones y, apoyado en un enfoque social, destaca las capacidades de cada persona con o sin discapacidad, para vivir en sociedad y ser incluidas en comunidad y no en espacios aislados.
Para la inclusión social es importante no olvidar el binomio mencionado: rehabilitación e inclusión social.
Es una realidad que muchas de las personas con discapacidad que viven en instituciones no cuentan con apoyo familiar y no han tenido las oportunidades y acercamiento a una habilitación o rehabilitación que les permita incluirse libremente en la comunidad y peor aún, la falta de apoyo familiar se convierte en una condicionante para estar asilados de esta inclusión social.
Son notorios los avances en materia de discapacidad que se han alcanzado en los últimos años, en búsqueda de ese enfoque de derechos humanos priorizando la atención al entorno social, debido a que se considera que la discapacidad es una consecuencia de las limitantes de dicho entorno y no propiamente de la persona con discapacidad.
La habilitación o rehabilitación se desarrolla desde esta perspectiva de derechos humanos superando condiciones sociales, jurídicas, económicas y ambientales.
Desde el DIF de la Ciudad de México y la “Fundación Inclúyeme” se atienden la rehabilitación y desinstitucionalización de las personas con discapacidad que no cuentan con redes familiares.
El primer paso es la eliminación de las limitantes jurídicas, contando de manera formal con los cuidados y atenciones, en seguida se apartan las barreras más inmediatas como la escolaridad y la movilidad de la institución a centros escolares o laborales.
Como parte de este proceso se generan condiciones que permiten la participación significativa de las personas con discapacidad y de otras con las que entrarán en relación para llevar a cabo sus actividades cotidianas, eliminando obstáculos, comportamientos y actitudes que marginan y estigmatizan a quien vive con alguna discapacidad.
Este apoyo terapéutico se brinda todo el tiempo con la participación conjunta de diversos actores que rehabilitan, sensibilizan y acompañan con intención de lograr la inclusión de las personas hasta lograr que ellas decidan vivir en su propio espacio y libres de la tutela de la institución.
A continuación, se muestran algunos casos de éxito:
David es un joven de 28 años, tiene discapacidad intelectual moderada y problemas de lenguaje, todos los días sale de la institución en la que vive, aprendió a viajar en los diversos transportes que lo llevan a sus actividades escolares y está por ingresar a un trabajo.
Sandy es una mujer adulta de 31 años, tiene discapacidad motriz y discapacidad intelectual leve, vive en un departamento y es capaz de ir a su trabajo, cuidar de su espacio y decidir libremente cómo gastar su dinero.
Es importante señalar que las personas con discapacidad aún continúan con el proceso y siguen bajo el apoyo de rehabilitación y que no todas las personas con discapacidad se acomodan a este apoyo.
Por ejemplo, una de las jóvenes con discapacidad ha decidido quedarse en la institución ya que vivir en un departamento no le agradó. Para ella, la familia está en esa institución, la identifica como su casa y no como el lugar que la separa de la comunidad o que la aleja de la inclusión social. Así que cada mañana sale de la institución, va a trabajar y regresa a convivir en el espacio que ella identifica como su familia.
Con todo este aprendizaje, lo más importante a reconocer es que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones con base en sus necesidades y ritmos de vida. En este sentido, las instituciones tienen la obligación de acompañarlas en este proceso, para lograr ejercer su derecho a vivir en comunidad en condiciones de igualdad.
