Edición 4 | Artículo Principal | Febrero 2021

Avances y retos de la rehabilitación e inclusión social

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en el mundo, 15% de la población total, cifra que va en aumento debido al envejecimiento poblacional y a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas. 

En México, según los resultados del Censo 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental.

De la cifra total, 13 millones 934 mil 448 personas tienen alguna limitación, 6 millones 179 mil 890 son personas con discapacidad y un millón 590 mil 583 tienen algún problema o condición mental.

En cuanto al tipo de discapacidad, reveló dicho organismo, 47.6% de las personas tiene dificultad para caminar, subir o bajar; 43.5% para ver, aún con el uso de lentes; 21.9% para oír, incluso usando aparato auditivo; 18.9% para comer, bañarse o vestirse; 18.6% para recordar o concentrarse, y 15.3% para hablar o comunicarse.

De acuerdo con el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), se reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación y contar con acceso a los servicios de asistencia de calidad con la adecuada atención para prevenir o tratar sus padecimientos.

Sin embargo, este sector poblacional encuentra diversos obstáculos cuando busca atención, y según la OMS, los principales son:

• Costos prohibitivos
• Oferta limitada de servicios
• Obstáculos físicos
• Aptitudes y conocimientos inadecuados del personal sanitario
• Falta de inclusión de la discapacidad en el sector de la salud

Para revertir esta problemática, el organismo internacional recomienda a los gobiernos atender la salud de las personas con discapacidad, a través de más y mejores políticas públicas y legislaciones; mayor financiamiento, garantizar la prestación de servicios a través de la promoción, prevención tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, contar con trabajadoras y trabajadores de la salud capacitados, al tiempo que se generen datos e investigaciones.

Como parte de las acciones que se han realizado a nivel global, el 13 de diciembre de 2006 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por más de 80 países, incluido México, el 30 de marzo de 2007. La cual, reafirma que las personas con discapacidad deben disfrutar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y reconoce que no es la discapacidad por sí misma la que limita, sino las barreras del entorno social.

En nuestro país, el Senado de la República la ratificó para entrar en vigor el 3 de mayo de 2008, fecha que representó un cambio del modelo asistencialista, que era utilizado por los gobiernos de República, a uno de respeto pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Por otra parte, el 30 de mayo de 2011 se publicó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se creó el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), cuyo objetivo es el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional.

El 3 de mayo de 2016, se instaló el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que tiene como objetivo la coordinación y seguimiento continuo de los programas en la materia.

En cuanto a la atención a la población infantil con discapacidad, el 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que contempla en un capítulo en cuanto al derecho a la “Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad”, que los tres órdenes de Gobierno están obligados a implementar medidas y acciones afirmativas, considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

Para el DIF Nacional la atención oportuna y especializada para las personas con discapacidad es parte fundamental de su labor diaria, por ello trabaja en coordinación con otras dependencias del Gobierno de México, los Sistemas Estatales DIF, organismos nacionales e internacionales y la sociedad civil para no desproteger a este sector de la población. Muchos son los esfuerzos y grandes los avances que se han alcanzado en esta materia, pero también es cierto que aún falta por hacer, demasiados obstáculos por superar y numerosas barreras por derribar.

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